Tal como señala el Consejo de la Transparencia, la sentencia de segunda instancia rechazó el requerimiento por falta de legitimación activa del requirente, la subsecretaria de Planificación, “por considerar que eran los funcionarios afectados lo que debían presentar el reclamo y no su superior jerárquico, pues ésta última no había intervenido en dichas comunicaciones”.

No obstante, la Corte igualmente se refirió acerca de la publicidad de los correos electrónicos. Es así que, en el considerando quinto de la sentencia, la Corte señala lo siguiente:

Que, sin perjuicio de lo establecido en el motivo anterior, aun cuando pudiere estimarse que la reclamante, en su calidad de superior jerárquico del organismo a quien se la ha requerido los 7 correos electrónicos que intercambian sus dependientes de la Región de Aysén, tampoco puede prosperar la Reclamación, en razón de que la sola lectura de dichos correos permite concluir que sólo hacen referencia a información de carácter pública relativa al procedimiento de evaluación del proyecto hidroeléctrico en la Región de Aysén, y cuya evaluación se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y en que le corresponde intervenir en el ejercicio de sus funciones públicas que son propias a la  Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región de Aysén; no existe en dichos  correos electrónicos comunicación alguna que diga relación con la vida privada de quienes los intercambian, y que sea susceptible de secreto en conformidad al artículo 21 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información pública.

Está por verse cuál será el impacto de esta resolución sobre la reclamación de ilegalidad que se encuentra pendiente en la misma Corte de Apelaciones respecto de la resolución que ordena entregar la correspondencia electrónica del Ministro Larroulet de los días 18 a 21 de julio de 2011 a don Juan José Soto. Está lejos de ser claro cuál será el resultado de este caso si se considera el precedente del TRICON que acogió recurso del subsecretario Rodrigo Ubilla para no revelar correos electrónicos.

El objetivo de la propuesta es lograr una mejor y mayor protección de las personas, evitando que mediante la comunicación libre en la Red pudieran organizarse y/o perpetrarse diversos tipos de delitos. Para ello, esta propuesta establece una autorización amplia y previa para que cualquier entidad privada pueda recolectar información de usuarios de Internet, aun cuando ella sea de carácter privado, y compartirla con las entidades gubernamentales respectivas de los Estados Unidos. De acuerdo a esta propuesta, todo quien envíe este tipo de información en base a lo dispuesto en esta normativa, lo hará dentro del marco de una total inmunidad, no siéndole aplicable ninguna de las leyes y normas en general que protege la privacidad de las personas.

No obstante la apariencia de razonabilidad de esta propuesta, al menos en cuanto al objetivo que se plantea, y especialmente tras el fracaso reciente de las propuestas SOPA y PIPA, CISPA aparece como un intento más de influyentes grupos de poder (económicos y políticos), de establecer mecanismos de intervención de las comunicaciones privadas de los usuarios de la Red para, amparados en un bien superior como por cierto es la seguridad, ingresar de forma “lícita” a la esfera más privada de los usuarios de internet, pudiendo con ello obtener información que pudiera ser de gran utilidad y beneficio para más de algún grupo político, económico, etc..

Por otra parte, y a diferencia de lo acontecido con anterioridad, si bien ha habido un importante rechazo público, ha llamado la atención el apoyo que esta propuesta ha recibido de parte de importantes compañías de Internet, como Google o Facebook, quienes eventualmente podrían verse favorecidas con esta legislación, al hacerles más simple su funcionamiento, en lo referente al tratamiento de la información privada de los usuarios.

Durante las próximas semanas este proyecto deberá ser tramitado por el Senado de los Estados Unidos, en una votación que sin duda puede marcar un punto de inflexión histórico en cuanto a la protección y defensa que la privacidad de las personas merece tener en la Red. En caso de que el Senado apruebe la propuesta, la mantención del nivel de resguardo que en la actualidad tiene la privacidad de los usuarios de Internet quedará en manos del Presidente Barak Obama, quien podría hacer uso de su facultad de Veto para frenar esta propuesta, a la cual se ha manifestado públicamente contrario.

Habrá que estar atentos sin duda del destino de esta propuesta, que en caso de ser aprobada, marcará un muy relevante y preocupante hito en el resguardo del derecho a la privacidad en Internet.

]]> http://iblawg.cl/archives/989/feed 2 http://iblawg.cl/archives/983?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=xvi-congreso-iberoamericano-de-derecho-e-informatica-en-quito http://iblawg.cl/archives/983#comments Tue, 08 May 2012 12:44:23 +0000 Carlos Reusser Monsálvez http://iblawg.cl/?p=983 Hasta el 15 de mayo de 2012 se aceptan resumenes de ponencias para participar del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, a realizarse en la ciudad de Quito (Ecuador) del 10 al 14 de septiembre de 2012.

Este evento pretende afianzar el espacio de diálogo y reflexión en torno a los temas relativos al Derecho y la Informática, propiciando el debate, el intercambio de conocimiento y la generación de aportes para el desarrollo del ciberderecho.

La sede del encuentro será la Universidad de las Américas de ese país, bajo el auspicio de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática –FIADI, y en esta versión los ejes temáticos estarán centrados en infraestructura y redes, entorno habilitador, aplicaciones y contenidos y temas jurídicos emergentes.

Para quienes asistan también estará disponible un nutrido abanico de posibilidades turísticas que incluyen a las islas Galápagos, San Luis de Otavalo, la reserva ecológica Antisana y más.

El detalle de la información puede encontrarla en el sitio oficial del XVI Congreso.

La Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico del Ministerio Secretaría General de la Presidencia acaba de abrir una consulta pública encaminada a recoger las ideas y sugerencias que la sociedad civil tenga en materia de actualización de una serie de normas que tienen incidencia en el desarrollo del Gobierno Electrónico en Chile. Tales normas son las siguientes:

• Decreto N° 271/2009 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que establece el reglamento sobre la inscripción de esquemas documentales en el repositorio del administrador de esquemas y metadatos para los órganos de la administración del Estado
• Decreto N° 100/2006 de MINSEGPRES, que aprueba norma técnica para el desarrollo de sitios Web de los órganos de la administración del Estado;
• Decreto N° 93/2006 de MINSEGPRES, que aprueba norma técnica para la adopción de medidas destinadas a minimizar los efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos no solicitados recibidos en las casillas electrónicas de los órganos de la administración del Estado y de sus funcionarios;
• Decreto Nº 83/2005 de MINSEGPRES, que aprueba la norma técnica para los órganos de la administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos;
• Decreto Nº 81/2004 de MINSEGPRES, que aprueba la norma técnica para los órganos de la administración del Estado sobre interoperabilidad de documentos electrónicos. Ministerio Secretaría General de la Presidencia
• Decreto Nº 77/2004, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Aprueba norma técnica sobre eficiencia de las comunicaciones electrónicas entre órganos de la administración del Estado, y entre éstos y los ciudadanos.

Para quienes quieran emitir sus opiniones, lo pueden hacer en el sitio web de la consulta siguiendo las pautas que se establecen aquí y previo registro de los participantes.

La consulta estará abierta entre los días 7 de Mayo hasta el 7 de Julio de 2012.

Como el lector bien sabe, en forma cada vez más importante se están construyendo servicios on line unidos a soluciones de pago a través de la Red, lo que es una demostración del efectivo avance de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y su impacto en nuesta vida diaria.

Sin embargo esto no está exento de problemas, como el que he detectado en algunos portales web con motivo de la Contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP 2012), los cuales parecen funcionar de acuerdo a reglas muy sencillas: se completan ciertos datos en un formulario web y luego se realiza el pago de la prima a través de diversos medios (tarjetas de crédito, débito, Servipag y otros).

Dentro de este proceso, si se ingresan los datos correspondientes a su vehículo, principalmente la Placa Patente Única (PPU), aparece automáticamente en pantalla la información contenida en la Base de Datos del Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, relativa a los siguientes campos (entre otros):

-       Nombre del propietario

-       Marca, modelo, número de motor, año y otros sobre el tipo de vehículo.

-       Domicilio particular y, en algunos casos, la dirección del correo electrónico.

Vale decir, con sólo ingresar la Placa Patente Única, se obtienen datos del vehíulo y otros de carácter personal de quien está contratando el seguro, cuestión del todo razonable.

Pero lo que no parece razonable es que si hacemos el ejercicio de ingresar el número de PPU correspondiente a otro vehículo que no tiene relación con quien está realizando la operación, sorprendentemente obtenemos información tanto del vehículo del tercero, como los datos personales de su propietario.

A la luz de lo anterior, es legítimo cuestionar la forma de funcionamiento de estos sistemas de tratamiento de información que subyacen a la contratación on line del SOAP, pues presentan problemas problemas que pueden ir desde una falla en la configuración del servicio hasta la negligencia de sus administradores.

Invito a conocer y discutir este tema, analizando los aspectos jurídicos del caso, de manera de lograr la salvaguardia los datos de las personas que es uno de los ejes de la defensa de todos los demás derechos.

]]> http://iblawg.cl/archives/957/feed 0 http://iblawg.cl/archives/949?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=los-desafios-juridicos-de-la-apertura-de-datos-gubernamentales-open-gov-data http://iblawg.cl/archives/949#comments Wed, 25 Apr 2012 15:51:15 +0000 Patricia Reyes Olmedo http://iblawg.cl/?p=949 Sostengo que el derecho de acceso debe estar informado por la doctrina o filosofía de “open gov data” pues entiendo que los datos públicos gubernamentales sólo son un recurso valioso si se comparten libremente con el público bajo principios y estándares comunes.  En este sentido, la información no sólo debe ser de libre y de acceso gratuito, sino que debe cumplir con los requerimientos de ser confiable, consistente, actualizada, fácil de usar e interpretar, además de reusable y redistribuible.

Bajo esta premisa, comparto con ustedes los desafíos jurídicos que visualizo para que el Estado de Chile haga realidad un acceso bajo estos estándares y que agrupo en 5 ámbitos:

1. Regulación de la transparencia y la apertura de datos

Para este efecto, desde la perspectiva jurídica parece adecuado crear un marco normativo para el gobierno abierto, que contenga:

1. Una declaración clara de apertura de la información gubernamental de carácter constitucional y legal, considerando el principio de máxima divulgación, es decir la mayor parte de los datos de la información pública gestionada por los órganos públicos deben estar disponibles.
2. Un plan de acción participativo, estableciendo tareas y fechas claras para su desarrollo, bajo pena de sanción a la autoridad administrativa que incumpla.
3. Una institucionalización independiente para el Gobierno Abierto, con órganos de implementación, gestión, coordinación y fiscalización para la apertura de datos.
4. Una definición de indicadores de reutilización de la información que hagan posible su evaluación, a fin de estimular los mercados de contenidos online ofreciendo la información en condiciones de transparencia, eficacia y no discriminación.

2. Privacidad y protección de datos personales

Es claro que el  gobierno detenta una gran cantidad de información de los ciudadanos, entre los cuales se encuentran datos personales que de darse a conocer pudieran configurar atentados a derechos fundamentales de los individuos.

Así visto, en términos legales, la normativa acorde con la apertura de información debe considerar:

1. Una protección expresa de nivel constitucional y legal de los datos personales.
2. Una institucionalidad independiente y un procedimiento que asegure y garantice el ejercicio del derecho por parte de los ciudadanos, estableciendo fuertes sanciones ante el incumplimiento.
3. Catastro de los registro que detentan datos personales y sensibles con sus responsables.

3.  Derechos de autor

Cuando se examina el acceso y la apertura de datos gubernamentales, un tema sensible para los ciudadanos resulta ser la necesidad de obtener licenciamiento de contenidos o la recepción de la información en software propietario que impiden su reutilización y redistribución. Si los  ciudadanos deben pagar derechos de licencia o no pueden acceder a los datos públicos, los datos ya no son públicos en un sentido práctico.

Desde el punto de vista jurídico se debe examinar la normativa para adecuarla a esta nueva cultura, donde es preciso considerar la obligatoriedad para los agentes del Estado de elaborar y divulgar la información en un formato adecuado para su uso y re-uso.  Al respecto, no se debe confiar en formatos que dependen de un solo producto o empresa, el formato debe potenciar la reutilización y estar  disponible libremente sin licencia, patentes, u otras restricciones de uso.

4.  Seguridad de la información

Un tema que con dificultad el mundo jurídico evalúa adecuadamente y por ende del cual no se ocupa, pero que en una cultura de acceso y gobierno abierto resulta un requisito imprescindible, es la mantención de plataformas seguras que permitan el resguardo de toda la información gubernamental.  Al respecto, desde el punto de vista normativo se requiere:

1. Una regulación específica sobre almacenamiento, archivo y conservación de la información gubernamental.
2. Una institucionalidad y un procedimiento que asegure y garantice el cumplimiento de la obligación de resguardo estableciendo fuertes sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones de archivo y  ante la pérdida, deterioro o vulneraciones de acceso a información protegida.
3. catastro de los registros públicos que detentan las instituciones gubernamentales con sus responsables.

5.  Documentación y comunicaciones electrónicas

SE INICIA un nuevo año de discusión para la ley que permite la entrada de la televisión digital terrestre. Es un año de desafíos, ya que existe una pérdida de bienestar social que se ha producido por la tediosa discusión legislativa que no logra resolver lo que es necesario para posibilitar la llegada de una TV de calidad  a todos los hogares de Chile.

El proyecto se encuentra en tramitación desde el 2008 y no hay claridad de cuánto tiempo más falta para que se convierta en ley. Cabe recordar que actualmente el Senado tiene que analizar casi 600 indicaciones, cosa inédita en la tramitación de un proyecto de ley en Chile.

El mayor problema se ha suscitado en que el debate parlamentario más que, ir abordando los temas relacionados con la migración de la televisión de analógica a digital, ha ido incorporando materias que no sólo han contaminado la discusión, sino que responden al oportunismo de algunos que han tratado de aprovecharse. En el marco de esta discusión, los canales abiertos, por ejemplo, han abogado porque se modifique la forma de financiamiento de la televisión, inventando mecanismos que les permitan cobrar a los usuarios por las señales que emiten a través de un espectro público por el cual no han pagado. Sus dueños, los grupos económicos más importantes del país, no han escatimado esfuerzos para que se les permita cobrar -directa o indirectamente- a los hogares chilenos por un servicio que siempre ha sido gratuito.

De este modo, la discusión ha perdido el foco, pues no se discute respecto a cómo se aprovechan los beneficios de la convergencia, del dividendo digital o el escaso valor que se advierte en la entrega de tanto espectro al servicio de televisión de libre recepción, para dar paso a formas de televisión asociadas a la banda ancha, al cable o al satélite, cuestión en la que vale la pena detenerse si consideramos que el avance de las tecnologías inalámbricas es exponencial, mientras el espectro disponible para ellas se agota y rigidiza por las concesiones que la ley en cuestión entrega, sin retribución alguna, a grandes consorcios nacionales y extranjeros.

Resulta indispensable poner atención y tener presente que no se está legislando para los próximos 20 o 30 años, como se creía, sino que en el mejor de los casos, para los próximos 5 o 10. Al respecto, el gobierno tiene mucho que decir, sobre todo después que se conoció su última propuesta, que más allá de los abusos procedimentales en el trámite legislativo, en general se orienta adecuadamente para destrabar la discusión y eliminar todas aquellas cuestiones que no tienen relación directa con permitir la llegada de la televisión digital a todos los hogares de nuestro país; eso sí, volviendo a la idea matriz del proyecto, que no es otra que asegurar una televisión para todos, gratuita, de calidad y con el foco puesto en la profundización de la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad.

Cabe preguntarse si los legisladores serán capaces de resistir la presión de los intereses incumbentes y de los grandes grupos económicos que son dueños de los canales.

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Publicado originalmente en diario La Tercera
del 27 de marzo de 2012.

Aun entendiendo que el objetivo teórico de esta normativa era la protección en Internet del cumplimiento de los principios y las normas que protegen la propiedad intelectual,  ha sido por muchos considerada como una propuesta que podría limitar de forma anómala el uso de Internet por parte de los usuarios, llegando a alterar de manera significativa el uso que a lo largo del mundo los usuarios dan a la red; por otra parte, el establecimiento de las sanciones propuestas en este proyecto podrían significar una judicialización sin parangones en cuanto a Internet y el uso que de él se haga, toda vez que amparados en esta normativa, nacionales de Estados Unidos como también residentes de otras latitudes, podrían verse afectos a las sanciones establecidas en esta norma, aun cuando ellos no hayan sido los autores materiales de la posible infracción a las normas que protegen la propiedad industrial e intelectual, ya que de acuerdo a la propuesta SOPA, basta que en un determinado sitio se facilite el acceso a otro sitios que contengan material que viole los derechos de terceros, para que los titulares de dichos sitios web puedan ser sancionados.

No obstante que la Propiedad Intelectual merece y debe ser respetada, importante es determinar qué precio estamos dispuestos a pagar, y a qué estamos dispuestos en virtud de lograr su debida protección; la ley SOPA a este respecto, va muy allá, afectando el derecho de información de quienes utilizan internet, ya que el alcance de su cumplimiento, y su campo de aplicación es tan vasto, que amenaza de forma directa a todos aquellos sitios que pretenden informar, y también a aquellos sitios, cada vez más visitados, que son creados por los mismos usuarios de la red.

Finalmente, la mencionada norma fue retirada por sus promotores, ello a raíz del fuerte movimiento opositor surgido, y el publicitado rechazo a ella por parte de numerosos grupos a lo largo del mundo.  Quienes han propuesto dicha norma, han señalado que deberá revisarse la manera de hacer frente a las violaciones a la propiedad intelectual en Internet, que han sido la base del proyecto SOPA impulsado, por lo que los detractores del proyecto SOPA deberán estar atentos a futuras normativas o acuerdos internacionales que pudieran incluir de manera más sutil, disposiciones como las contempladas en la Ley SOPA, y que pudieran atentar contra derechos tan esenciales como la libertad de información en la red.

Este evento es gratuito y abierto a toda la comunidad nacional; y en él se conocen y discuten los temas y tendencias que marcarán la pauta de las políticas públicas y privadas del año venidero, particularmente si versan sobre e-gobierno, relaciones laborales, propiedad intelectual, convergencia y derechos fundamentales.

El II Encuentro Interuniversitario de Derecho y Tecnologías ha sido organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, contando con la colaboración del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

Información detallada sobre este evento, así como el programa y los expositores, puede encontrarse en:

http://www.icdt.cl/segundo-encuentro/

En la referida Consulta podrán participar todos los ciudadanos, ya sea de forma individual o como representantes de organizaciones. Para dar su opinión, los interesados deberán inscribirse en la página http://consultaciudadana.economia.cl

Una vez concluida la Consulta, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo revisará todas las opiniones ciudadanas, las organizará temáticamente y responderá a ellas. Cabe hacer presente que este mecanismo no es vinculante, las opiniones entregadas por la ciudadanía podrán servir al diseño de políticas públicas. El Ministerio ha indicado que en la respuesta se explicitará cuales sugerencias serán aplicadas y cuáles no, señalando las razones.

Concluida la consulta se espera que el proyecto sea enviado al Congreso durante el primer semestre de este año, todo ello enmarcándose dentro de la Agenda de Impulso Competitivo.

Todas la modificaciones contendías en el borrador tienen como finalidad mantener la constante evolución y “puesta al día” de la Propiedad Intelectual, la cual ha sido reconocida como una herramienta muy importante para los procesos de emprendimiento e innovación.

Nuestra normativa ha sufrido modificaciones, en los años 2005 y 2007 respectivamente y ellas tuvieron como fundamento compromisos internacionales contraídos (ADPIC y Tratados de Libre Comercio)

Algunos aspectos a destacar del borrador del proyecto son:

a)      Incorporar nuevas categorías a las existentes de propiedad industrial.

b)      Busca mejoras en el proceso de tramitación.

c)      Mejora los mecanismos para asegurar el respeto de la normas de Propiedad Industrial.

d)      Fortalece derechos de Propiedad Industrial, regulando nuevos tipos de protección. Como son las marcas colectivas y de certificación.

e)      Agiliza actúale procedimientos de registros de Derechos.