En general esta reforma viene por una parte a estandarizar y mejorar los procesos de solicitudes de marcas comerciales y patentes y por otra a despejar dudas respecto a la autoejecutabilidad de los Tratados mencionados.

De esta forma, en relación con el PCT, cuyo texto fuera aprobado el año 2009, busca mejorar el desempeño de las presentaciones y recepción en la fase nacional de las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad.

Dentro de las modificaciones aprobadas encontramos: definiciones de términos del PCT como el de “Solicitud internacional”, además constituye al INAPI como Oficina Receptora, se señalan plazos para reivindicaciones, entrada en fase nacional entre otras modificaciones.

En cuanto al TLT, debemos hacer presente un detalle no menor, dicho tratado fue aprobado en el año de 2010 por el Congreso Nacional, aun no se dicta el decreto promulgatorio, por lo cual no ha entrado en vigencia.

Sin perjuicio de ello, la reforma contempla simplificaciones al procedimiento administrativo de registro de una marca comercial, lo más destacado es la denominada “solicitudes divisionales” consistente en la posibilidad de dividir la solicitud, cuando una parte de su cobertura sea objeto de oposiciones u objeciones de oficio, ello será posible en aquellos casos de cobertura amplia. La ventaja de ello radica en que la cobertura no cuestionada podrá continuar su tramitación en forma independiente debiendo ser necesariamente aceptadas a registro.

Un aspecto de importancia es la modificación que determina la eliminación de la firma ante notario como formalidad de los actos jurídicos sobre derechos de propiedad industrial, dicha supresión sin duda no es un detalle menor, por cuanto en principio le quita seguridad jurídica y podría prestarse para abusos.

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Para revisar el texto legal aprobado visite http://www.camara.cl

Según el texto aprobado, dicho tratamiento tendrá por finalidad exclusivamente la evaluación de riesgo comercial y sólo para el proceso de crédito.  De este modo, la comunicación de esta clase de datos sólo podrá efectuarse al comercio establecido, para el proceso de crédito, y a las entidades que participen de la evaluación de riesgo comercial y para ese solo fin.

En definitiva, un gran avance, pues reconoce que un uso indiscriminado de los datos personales afecta los derechos fundamentales de las personas, no sólo los relativos a la vida privada, sino que la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, el trabajo, la educación, etc.  Deberían terminar de este modo, con la observancia de la ley,  los abusos reiterados en orden a exigir  esta información en los procesos de selección personal (públicos o privados), de selección escolar (admisión pre-escolar, escolar o de educación superior), o para la atención médica de urgencia.

Es cierto también que queda mucho por hacer en nuestro pais para configurar la protección de datos personales como un derecho autónomo que asegure efectivamente la vigencia de los derechos fundamentales en la sociedad de redes.  Nuestro Instituto así lo entiende y trabaja día a día para ello.

Los delitos informáticos constituyen una seria barrera de entrada para generar la confianza necesaria como para que las personas realicen transacciones en línea con compañías y el gobierno. Además, se trata de un fenómeno que, en vez de tender a disminuir, se encuentra en franco aumento.

Desgraciadamente, no sabemos con precisión el daño a nuestra economía puesto que esta medición es algo extremadamente difícil de hacer. No obstante, hay razones para pensar de que genera costos importantes a nuestra economía si miramos la experiencia comparada. Así que, por ejemplo, sólo en el Reino Unido se estima los delitos informáticos implicaron daños económicos de —a lo menos— 27 billones de libras esterlinas durante el 2010.

Como consecuencia del aumento en la comisón de estos delitos y el incremento de los daños producidos, existe una creciente preocupación por actualizar los regímenes legales que permitan estandarizar la persecución penal a nivel internacional y fortalecer la cooperación entre los gobiernos atendido al carácter transfronterizo que implica la comisión de estos actos. Así, por ejemplo, a nivel Europeo, actualmente se están proponiendo modificaciones legales a nivel comunitario para modernizar la legislación marco existente desde el año 2005.

La serie se ha inaugurado con los trabajos del profesor Fernando Fernández Acevedo titulado The Chilean Unfair Competition Act: A critical analysis, referidos a la Ley No. 20.169 sobre Competencia Desleal promulgada el año 2007 en nuestro país.

Más información sobre esta nueva serie de publicaciones, además del documento en referencia a texto completo puede encontrarlo en:
http://www.icdt.cl/publicaciones/serie-documentos-de-trabajo

Un interesante debate se está suscitando respecto del cambio de las políticas del sistema de búsqueda de información de Google cuyas modificaciones tienden a favorecer a la plataforma de redes sociales de la misma empresa deformando, a ojos de sus críticos, el concepto de lo que debe entenderse por búsquedas en Internet.

• The New York Times: With Enough Bandwidth, Many Join the Band.

Una radical transformación está produciendo la introducción de la bancha anda en lo que son  los procesos de aprendizaje y formación, particularmente en el ámbito de la música y las artes. La educación a distancia está cobrando nuevos bríos gracias al uso de redes y de programas tan accesibles como Skype.

A los pocos días y a través de una entrevista radial escuché a la Ministra Carolina Schmidt, Directora del Servicio Nacional de la Mujer, diciendo que esta conducta a su entender era un delito por lo que había consultado al estudio jurídico de Pepito Pérez, abogado favorito del Gobierno y que este, especializado en discriminación por ser judío (no dijo exactamente eso, pero si una barbaridad casi idéntica), sostenía que “había posibilidades”.

Evidentemente las “posibilidades” estaban referidas a arrastrar al sujeto a un juicio criminal, multarlo o idealmente llevarlo a la cárcel.

La verdad es que disiento del enfoque del asunto, pues creo que es un tema capital en un sentido muy diverso: la actitud de la Ministra produce daños bastante más graves que los hipotéticos beneficios sociales que quiere alcanzar.

Me explico: como punto de partida hay que tener presente que todos tenemos un derecho que es fundamental para el funcionamiento de la democracia y que es la libertad de expresión. Este derecho no nos cayó del cielo ni nos lo concedieron graciosamente: ha costado sangre y lágrimas.

Esta libertad de expresión, que hemos ganado y que debemos defender, es la que posibilita que públicamente manifestemos, por ejemplo, cómo imaginamos el Chile del futuro, qué opinamos de la calidad de la educación pública, cuánto nos gusta el reggaeton y cómo odiamos a la gente gorda, calva o fea.

Por supuesto que hay afirmaciones con las cuales estaremos de acuerdo y por otras manifestaremos un airado rechazo, pero ese rechazo es también el ejercicio de la libertad de expresión.

Ahora bien, ni siquiera la vida es un derecho absoluto, por lo que la libertad de expresión también tiene límites que no son genéricos sino que, entre otros requisitos, deben estar precisa y detalladamente expresados en una ley. Y no existe ninguna que prohíba insultar o descalificar genéricamente a gordos, comunistas, homosexuales, ex CNI, taxistas, funcionarios públicos, etcétera.

Entonces cuando un Ministro de Estado, sin fundamento jurídico alguno, toma la decisión política de activar la maquinaria de la persecución penal para ir contra los ciudadanos, no por lo que han hecho, sino por lo que han dicho, está enviando una terrible señal al público: “tengan cuidado con lo que dicen, pues les puede costar muy caro”.

Y los ciudadanos, que tendrán que pagar su defensa jurídica con su propio esfuerzo y no con el erario público, que ven que sus opiniones son vigiladas y que deberán rendir explicaciones sobre ellas ante tribunales del crimen (con los riesgos que ello conlleva) toman una actitud muy distinta: intentan protegerse a través de la autocensura, del ocultamiento de las propias opiniones, de la mutilación de las ideas y de la mentira. Y eso es un daño irreparable a la democracia.

¿Por qué?. Porque de esta forma y en los hechos, a través de acciones judiciales, acusaciones mediáticas y amenazas, los Gobiernos pueden modelar el marco de lo que se puede decir y de lo que no, con lo que -al poco andar- las democracias solo serán formales (aparentarán serlo) o derivan en regímenes en que no se puede decir, por ejemplo, que los niños mapuches son torturados por la policía o que la clase política es esencialmente consanguínea.

Desde esta perspectiva la persecución de la libertad de expresión de opiniones vertidas en Internet tiene consecuencias mucho peores que el permitir que la gente diga lo que piensa, y tal vez es algo en que nos deberíamos ejercitar como país: escuchar lo que no nos gusta sin echar mano a los perros, sino valorando, confrontado visiones, agradeciendo la diversidad y sabiendo distinguir entre lo que es realmente importante… y lo que no.

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Publicado originalmente en el Blog de “La Tercera” del 19 de diciembre de 2011
http://blog.latercera.com/blog/creusser/entry/odiemos_a_las_gordas

El tema a abordar ese día será el de los principios de tratamiento de datos personales y consolidación de información.

Está prevista la participación de los siguientes panelistas:

Sr. Rodolfo Herrera Bravo
Abogado especialista

Srta. Romina Garrido
Abogado especialista, rep. Sociedad Civil

Oficiará de moderador el Sr. Raúl Arrieta, Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

La sesión se realizará entre las 13:00 y las 15:00 en la Sala Multiusos de la Cámara de Diputados en Santiago de Chile, ubicada en calle Compañía 1175, piso 2.

Si usted desea asistir, puede solicitar una invitación al correo electrónico creusser[ARROBA]icdt.cl o llamar al teléfono (9) 7856 2102.

La citada publicación galardonó a tres investigaciones jurídicas en las especialidades de Derecho Penal, Derecho Internacional – Público y Privado- y Derecho Comercial y Análisis Económico del Derecho, recibiendo Fernando el reconocimiento a la investigación jurídica especializada en Derecho Comercial por su estudio “El Requisito de la No Obviedad en el Derecho de Patentes Chileno: Una Valorización Crítica”.

Durante la ceremonia, encabezada por el Decano de la Facultad de Derecho UC, Roberto Guerrero, y la Directora de la publicación, Ángela Vivanco, se hizo entrega a los ganadores de un estímulo, junto a ejemplares de la Revista.

¿Cuáles son los principales aspectos de esta modificación legal? El presente post da un breve resumen de los principales aspectos de esta modificación legal:

(1)   Se crea un estatuto especial de derechos para los consumidores de servicios financieros que otorguen crédito a los consumidores (bancos, emisores de tarjetas de crédito y otras entidades financieras).

(2)  Se crea una norma general adicional sobre contratos de adhesión (Art. 17 A), que prescribe lo siguiente:

“Los proveedores de bienes y servicios cuyas condiciones estén expresadas en contratos de adhesión deberán informar en términos simples el cobro de bienes y servicios ya prestados, entendiendo por ello que la presentación de esta información debe permitir al consumidor verificar si el cobro efectuado se ajusta a las condiciones y a los precios, cargos, costos, tarifas y comisiones descritos en el contrato. Además, toda promoción de dichos bienes y servicios indicará siempre el costo total de la misma”.

Esta norma básicamente está encaminada a incrementar el deber de informar de los proveedores.

(3)     Adicionalmente, se establece un estatuto pormenorizado de los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero (artículos 17 B a 17 L)

(4)    Por otra parte, se crea un estatuto pormenorizado que obliga a las instituciones financieras y de seguro a informar las condiciones de los créditos, garantías y cargos, y que prohíbe los mandatos en blanco y las ventas atadas de productos financieros.

(5)    Se modifica la ley en cuanto los reclamos formulados ante el Servicio Nacional del Consumidor suspenden el plazo de prescripción de 6 meses que tienen los consumidores para demandar a los proveedores por infracción a la Ley 19.496.

(6)     La Ley obliga a todos los proveedores a informar los precios de los productos en los canales de Internet, lo que debe hacerse de una visiblemente clara e incluyendo los impuestos asociados.

(7)     Se crea el “Sello Sernac” para proveedores de productos crediticios o financieros. Este sello tiene por objeto certificar que (1) los contratos de adhesión cumplen con las normas de la Ley de Protección al Consumidor; (2) Se cuenta con un servicio de atención al cliente gratuito que deberá responder las consultas y reclamos de los clientes dentro de 10 días hábiles, con copia al SERNAC; (3) que permitan al consumidor recurrir a un mediador que resuelva las controversias, quejas o reclamaciones, en el caso de que considere que el servicio de atención al cliente no ha respondido satisfactoriamente sus consultas o reclamos.

Esta ley además establece una serie de requisitos procedimentales para obtener el sello y crea una serie de causales de pérdida del mismo.

Un reglamento, aun no publicado, pormenorizará las aplicación de las normas sobre contratos de adhesión y las normas procesales para acceder al “sello Sernac”.

(8)    Se establece un sistema de mediación y de arbitraje para los proveedores de productos financieros o crediticios.

Aun no es claro si el sistema de mediación se aplicará, además, al resto proveedores puesto que ya existe un procedimiento de mediación. No es claro pues si las nuevas normas de mediación se aplicarán a esos casos también. Lo anterior, debiese quedar definido con el reglamento que debiera ser dictado.

(9)     El Servicio Nacional del Consumidor aumentará la dotación de funcionarios a fin de poder hacer efectiva las fiscalizaciones y llevar adelante las funciones que le son encomendadas por Ley.

(10)    Se refuerzan las facultades del SERNAC para solicitar información a los proveedores, ya sea esta información básica comercial o aquella que sea estrictamente indispensable para ejercer las atribuciones que le corresponden al referido Servicio. Para estos efectos el Servicio Nacional del Consumidor publicará en su sitio web un manual de requerimiento de información, en el que se señalará pormenorizadamente los antecedentes que podrán solicitarse.

(11)     Se crea la figura del “ministro de fe”: determinados funcionarios del SERNAC podrán certificar los hechos relativos al cumplimiento de la normativa contenida en la ley que consignen en el desempeño de sus funciones. Los hechos establecidos por dicho ministro de fe constituirán presunción legal de veracidad, la que podría ser refutada presentando pruebas en contrario.

La ley entrará en vigencia dentro de los 90 días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

En gran medida, la aplicación de la Ley se irá desarrollando con la dictación de los reglamentos que ella misma establece. Con esta ley se abre paso, por primera vez en la legislación de protección del consumidor en Chile, a la creación de todo un nuevo derecho regulatorio-administrativo en esta materia.

Para quienes quieran ver la ley con mayor detalle, pinchen aquí.

El tema a abordar ese día será uno particularmente polémico como es el de la  institucionalidad para la protección de datos personales/consolidación de la información crediticia.

Está prevista la participación de los siguientes panelistas:

H. Alberto Cardemil Herrera
Diputado de la República

Prof. Lorena Donoso Abarca
Académica Universidad de Chile

H. Felipe Harboe Bascuñán
Diputado de la República

La sesión se realizará entre las 13:00 y las 15:00 en la Sala Multiusos de la Cámara de Diputados en Santiago de Chile, ubicada en calle Compañía 1175, piso 2.

Si usted desea asistir, puede solicitar una invitación al correo electrónico creusser[ARROBA]icdt.cl o llamar al teléfono (9) 7856 2102.